Detalles de la normativa:
A partir del 24 de marzo de 2025, toda persona que ingrese al territorio argentino con valores iguales o superiores a 10.000 dólares estadounidenses, o su equivalente en otras monedas, estará obligada a declararlos ante el servicio aduanero mediante el formulario OM 2249-A. Este requisito abarca no solo el dinero en efectivo, sino también instrumentos negociables al portador y metales preciosos amonedados. La normativa también establece que los menores de 16 años no emancipados tienen un límite reducido al 50%, es decir, 5.000 dólares estadounidenses.
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En cuanto al egreso del país, se permite la salida de hasta 10.000 dólares estadounidenses sin necesidad de declaración. Sin embargo, si el monto excede este límite, el egreso de moneda extranjera e instrumentos negociables al portador deberá realizarse a través de entidades financieras autorizadas. En el caso de moneda nacional, se deberá completar el formulario OM 2250-B.
Implicaciones económicas y sociales:
La implementación de estas medidas tiene varias aristas que merecen ser analizadas. Por un lado, al reforzar los controles sobre el movimiento de grandes sumas de dinero, Argentina busca alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría mejorar su reputación internacional y atraer inversiones extranjeras al demostrar un compromiso sólido en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, es importante considerar que, en un país con una economía históricamente afectada por la inflación y la desconfianza en el sistema bancario, muchos ciudadanos recurren al efectivo y a monedas extranjeras como resguardo de valor. Estas nuevas regulaciones podrían ser percibidas como una intromisión en las libertades individuales y generar incomodidad entre aquellos que, por diversas razones, manejan sumas significativas de dinero en efectivo.
Además, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para implementarlas de manera justa y equitativa, evitando prácticas discriminatorias o abusos de poder. La transparencia en el proceso y la capacitación adecuada del personal aduanero serán esenciales para garantizar que las nuevas regulaciones cumplan su propósito sin generar conflictos innecesarios.
En conclusión, mientras que las nuevas disposiciones de ARCA representan un paso importante hacia la modernización y transparencia del sistema financiero argentino, es crucial que su implementación considere las particularidades económicas y culturales del país para evitar repercusiones negativas en la sociedad.
Opinión del Experto
La implementación de controles más estrictos sobre el movimiento transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos de valor es una medida positiva para la economía argentina. Al alinearse con las recomendaciones internacionales del GAFI, Argentina fortalece su sistema financiero y mejora su reputación en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas acciones pueden aumentar la confianza de inversores y organismos internacionales, facilitando futuras inversiones y colaboraciones económicas. Además, al centralizar y monitorear las transacciones de alto valor a través de entidades financieras autorizadas, se promueve una mayor transparencia y formalización de la economía, lo que podría traducirse en una ampliación de la base impositiva y en un incremento de los ingresos fiscales.